El sábado pasado, día 23, asociaciones de
víctimas y memoria histórica de Navarra conmemoraron la matanza de Valcaldera,
homenajearon a los asesinados y reclamaron ayudas públicas para dar con el
paradero de los restos que fueron sacados de la fosa en la que estaban
enterrados, trasladados por la fuerza al Valle de los Caídos, exhumados de ese
lugar y finalmente desaparecidos.
Coincidiendo
con ese homenaje, en Aguilar de Campo, Palencia, una organización de extrema
derecha homenajeó a la Legión Cóndor que bombardeó Gernika y Durango con la
autorización de la Guardia Civil y de la alcaldía de la localidad en manos del
Partido Popular, en consonancia sin lugar a dudas con su desvergonzada
declaración de atender el «espíritu», ya no sé si de las últimas o penúltimas
recomendaciones de la ONU, en orden a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas del franquismo y del golpe militar que lo facilitó.
Pues
bien, si bien la fiscalía impulsa diligencias por el número folklórico de los
trabucaires catalanes que «disparan» en dirección al domicilio de un cargo del
PP, no lo ha hecho, ni hay noticia de que lo vaya a hacer, con el homenaje a la
Legión Cóndor, como tampoco lo hizo por el homenaje a la División Azul en
instalaciones de la Guardia Civil. A esto el gobierno del Partido Popular le
llama cumplir la Ley de Memoria Histórica y sostener un estado de derecho en el
que todos somos iguales ante la Ley. País podrido este, necesitado de cambios
profundos y de una regeneración democrática de un sistema devaluado a límites
de dictadura, a la vista de las últimas cacicadas legales del partido en el
gobierno.
Son
tantos y tan a diario los actos de agresiones a monumentos, las prohibiciones,
el zancadilleo a los investigadores, la prevaricación relacionada con todo lo
referente a Memoria Histórica que resulta imposible responder a todos, uno por
uno.
Frente al
propósito de Verdad, Justicia y Reparación el gobierno del partido popular
aboga por el olvido por decreto y por la amenaza: «O todos concluimos que ya
estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios
subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto», que es lo que un
portavoz gubernamental le dijo al delegado de la ONU, algo de una desvergüenza
que retrata a quienes nos tienen sometidos.
Esas
palabras reflejan bien quién maneja la situación y quién los hilos. Yo creo que
es el gobierno el que está azuzando odios viejos y sobre todo nuevos, pero eso
por lo visto solo lo vemos los demás. Quien admite que existen odios que pueden
resurgir es el gobierno, no las víctimas o sus herederos. Su advertencia del
«riesgo» no puede señalar más que a sus propias filas, lo que hace de esas
palabras gubernamentales recogidas por el relator de la ONU un monumento a la
indecencia.
El
gobierno encuentra legítimos los homenajes a la Legión Condor hace una semana,
o al División Azul, dos cuerpos del ejército nazi que en otros países europeos
sería delito perseguible por la fiscalía. Aquí no. Aquí eso se sigue viendo
como perteneciente a la dictadura franquista que el partido en el gobierno y
sus socios ni han condenado, ni condenan, ni van a condenar, parapetándose en
un sistema legal viciado y en el fraude continuado de ley. Hay leyes, pero no
se cumplen o lo menos posible.
El
relator de la ONU ha necesitado 20 apretadas páginas para señalar las carencias
españolas, es decir, del gobierno del Partido Popular en materia de Memoria
Histórica que convierten el ejercicio de esta por su parte en una burla
ofensiva: no hay intención real de cumplir con lo previsto en la ley de Memoria
Histórica y la mala voluntad gubernamental es patente.
A la
vista de ese informe y de los empujones que reciben a diario víctimas de la
guerra o del franquismo, es imposible sostener que el golpe militar de julio de
1936, la guerra civil y la represión que siguió a ambos y sostuvo la dictadura
franquista sean cosa del pasado y cada día menos. Esa es una sombra espesa que
se proyecta en el presente. Y mañana más, otra.
Miguel Sánchez-Ostiz, Diario de Noticias 31/08/14